URANTE un tiempo tuve que asistir al doloroso trance de ver desmoronarse -a menudo con algún llanto y abundantes lágrimas- a empresarios y profesionales liberales extorsionados por ETA, algunos por vez primera con el demoledor impacto que la recepción de la misiva inicial comporta. Porque hay más, normalmente cuatro en cada ciclo, elevándose de forma progresiva el tono de la amenaza, que alcanza su grado máximo cuando las cartas se dirigen a los padres o a la pareja de quien se rebela ante la presión epistolar. Presión brutal ante la que, según diversas fuentes, han podido sucumbir en torno al 15% de los extorsionados en los momentos de mayor actividad de la banda, acreditando el resto una férrea solidez en los principios y una dignidad personal formidable. Comprenderán que con esa tremenda experiencia me resulte descorazonador contemplar el escarnio público al que en ocasiones se somete a estas personas dolientes cuando, en lugar de citárseles para prestar declaración voluntariamente, son detenidas con profusión mediática, estando aún en teoría protegidas por la presunción de inocencia. Luego está la clamorosa injusticia semántica de hablar de pagos voluntarios , como si no mediara, en mayor o menor medida, el retorcimiento de la voluntad del coaccionado, al que tampoco parece cobijarle la fórmula legal del miedo insuperable . Puede que se persiga un efecto ejemplarizante para que quien medita pagar no lo haga. Una vez más, habrá que proclamar que no existe fin legítimo si los medios empleados se antojan reprobables.
