A Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno foral contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, evacuada en diciembre de 2004, que obligaba al Gabinete de Miguel Sanz a aplicar medidas de adaptación suficientes para el aprendizaje de un niño con aptitudes intelectuales superiores a la media. El fallo del Supremo concreta ahora que las medidas de adaptación curricular deben satisfacer "las especiales necesidades educativas y de desarrollo psico-emotivo" del escolar, que en el momento de la personación ante los tribunales contaba con 11 años de edad y cursaba 5º de Educación Primaria. En consecuencia, la Consejería de Educación debe acelerar y adaptar el currículo a la evolución de las facultades intelectuales de este alumno, con estimulación de actividades individuales de progresiva dificultad, de relación social y de integración en grupos que propicien el fomento de habilidades del joven (mejorando por añadidura su grado de sociabilidad y de equilibrio afectivo). De entrada, este dictamen pone de relieve una vez más que la determinación de unos padres puede poner en evidencia al operativo jurídico de todo un Gobierno. Que, para mayor desaire, pierde consecutivamente en dos instancias judiciales a la espera de un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (de fruto improbable porque no parece mediar vulneración de derechos fundamentales). Tampoco es baladí el tiempo transcurrido, tres años y medio, sin que este alumno haya recibido las atenciones a las que, conforme a Derecho, tiene precisamente derecho. Pero lo que sin duda resulta debatible, y por ello cuestionable -al menos en el ámbito social-, es hasta qué punto la Administración debe satisfacer demandas individualizadas, como apuntó en su día el informe del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Y es que, al menos en estricta teoría, no hay política presupuestaria que pueda sostenerse si los servicios no se prestan a grupos con intereses comunes y con amplitud suficiente como para justificar con criterios de eficiencia la necesaria inversión en medios humanos y materiales. En todo caso, una familia navarra está hoy de enhorabuena.
