A ONU ha confirmado el alcance de una nueva matanza de civiles en Afganistán: 90 personas, 60 de ellos niños y niñas, murieron asesinadas en un ataque aéreo de las fuerzas militares de EEUU. La confirmación de la ONU contradice además la versión oficial de los militares estadounidenses, que al igual que ha ocurrido antes ante desastres humanos similares, intentó ocultar la verdad y manipular a la opinión pública internacional escudándose en que el ataque tenía como objetivo a un grupo de talibanes. Son 90 víctimas inocentes más, los daños colaterales con que definió desafortunadamente Javier Solana este tipo de asesinato colectivo bajo el amparo de la legalidad. Asesinato de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes para los que no hay responsabilidad individual ni política alguna. Nadie resarcirá a esas familias perdidas en una lejana provincia afgana, nadie pedirá perdón ni menos aún llegará compensación económica. En el galimatías institucional que regula la presencia de tropas internacionales en Afganistán todo el mundo elude responsabilidades: la OTAN afirma que sus tropas están bajo mandato de la ONU. Y Naciones Unidas clama en el desierto que las fuerzas militares de EEUU campan a sus anchas. Quizá esas familias pensaron que las tropas extranjeras tenían como único objetivo apuntalar un modelo democrático de convivencia de libertades y derechos humanos tras los sufrimientos de décadas de guerra y el régimen religioso de los talibanes. Por eso, su asesinato es un daño irreparable para la democracia. Muertos inocentes que acumula también el vergonzante silencio mediático y político de por aquí.
