El Gobierno de coalición lleva sufriendo una ofensiva sin precedentes desde el primer día de su primera legislatura. El bloque reaccionario, conformado por las derechas políticas, el poder judicial, el económico y algunos medios de comunicación, no asume la voluntad popular emanada de las urnas en las últimas convocatorias electorales. Durante la última década, compañeros presidentes como Lula Da Silva, Evo Morales, Nicolás Maduro o Rafael Correa, ya sufrieron estas ofensivas en otras latitudes de nuestro planeta.
El último episodio de una extensa guerra judicial (lawfare) lo están sufriendo Pedro Sánchez y su familia. Aquí y ahora no caben intereses partidistas: todas las organizaciones que defendemos la democracia debemos repudiar sin matices la ofensiva contra el presidente del Gobierno de coalición. La izquierda transformadora española sabemos en primera persona lo que costó conquistar la democracia en este país, y ahora, redoblando nuestro carácter antifascista, no vamos a renunciar a defender las conquistas de nuestros antecesores.
El objetivo del bloque reaccionario con el lawfare es doble: destruir personalmente a las personas con mayor exposición pública y debilitar políticamente los proyectos que representan. Compañeros de IU como Rodrigo Torrijos en Sevilla o Carlos Sánchez Mato en Madrid, Mónica Oltra en el País Valencià o Pablo Iglesias e Irene Montero durante la primera legislatura progresista sufrieron una misma estrategia global.
António Costa, expresidente progresista de Portugal, tomó la decisión de dimitir ante una ofensiva similar hace tan solo unos meses. Todas las campañas mencionadas quedaron en nada. Jurídicamente fracasaron, pero políticamente triunfaron. No podemos seguir permitiéndolo.
Las derechas fracasaron el 23 de julio porque la ciudadanía votó, de nuevo, por los derechos sociales, la democracia y la convivencia.
El objetivo político de fondo del bloque reaccionario es evitar que el Gobierno de coalición acometa las tareas por las que fue elegido, entre ellas, la reducción de la jornada laboral, la intervención en el mercado de la vivienda o una reforma fiscal progresiva.
De fondo, la imprescindible democratización del Estado para que no haya ningún espacio de poder blindado de la voluntad popular. En estos últimos años hemos propuesto diversos mecanismos para terminar con el secuestro del poder judicial por parte del Partido Popular. Es el momento de que la democracia entre en todas las instituciones.
Los derechos sociales, la democracia y la convivencia se defienden con movilización ciudadana. El Gobierno de coalición, sus representantes y sus tareas pendientes también. El bloque reaccionario ha cruzado todas las líneas rojas, pero eso también es una oportunidad para lograr un acuerdo de país que no solo blinde los derechos actuales, sino que apueste por avanzar con nuevos derechos, más democracia y más convivencia.
La izquierda transformadora debemos proponer una agenda política propia y contundente que dibuje un futuro de esperanza a la mayoría social trabajadora del país estructurada en torno a cuatro grandes ideas: la democratización urgente del Consejo General del Poder Judicial, la derogación inmediata de la Ley Mordaza, la elaboración de una Ley de Medios que garantice el derecho constitucional a una información veraz. Y el cumplimiento escrupuloso por parte de los gobiernos de coalición, tanto el de Navarra como el del Estado, de sus acuerdos programático, sobre todo en lo referido a las políticas sociales más ambiciosas.
Es una oportunidad, en definitiva, para una ofensiva política, institucional y social que nos permita avanzar hacia un país más justo, más democrático y más igualitario.
Ante la ofensiva reaccionaria, este primero de mayo; movilización social, valentía transformadora y responsabilidad democrática.
*El autor es coordinador general de Izquierda Unida de Navarra y portavoz parlamentario de Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa
