De acuerdo a la información periodística publicada el 22 septiembre de 2010, el entonces consejero de Hacienda de UPN y el gerente de la Hacienda Foral de Navarra manifestaron textualmente “que el fraude fiscal en Navarra es residual”, “el País Vasco y Navarra son las comunidades donde menos fraude fiscal hay” (lógicamente al ser las únicas comunidades autónomas del Estado con competencias en esta materia) “la amnistía fiscal no es una tomadura de pelo a los contribuyentes, ni un engaño ni un robo, no es nada de eso”.
Un informe realizado por la Universidad Pública de Navarra sobre el fraude fiscal y la economía sumergida en Navarra cifra en 541 millones de euros la pérdida de recaudación anual para la Hacienda Foral.
Los dos personajes anteriores fueron desalojados de la Hacienda Foral. El primero retornó a su puesto de trabajo en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el otro, en consonancia con sus declaraciones, recaló en una asesoría fiscal privada.
Esta manera de funcionar, junto con otras formas de gestionar no muy acordes con el interés general de la sociedad, llevaron a UPN a la oposición en el año 2015.
En la legislatura 2015-2019 se nombró a un consejero de Hacienda que llevaba ocupando el puesto de técnico en esa consejería desde hacía más de treinta años. Su experiencia, junto con las propuestas del grupo parlamentario de la izquierda anticapitalista Orain Bai (escisión de Podemos), propiciaron que por primera vez en la historia de la Hacienda Foral se produjera un verdadero impulso en la lucha contra el fraude fiscal.
La partida que, hasta ese año, UPN destinaba a este fin era de mil euros anuales. En el presupuesto del año 2017 se incrementó en 589.000€. En el año 2018 se aprobaron 250.000€ más y en al año 2019 se añadieron otros 100.000€. En total, cerca de un millón de euros que en la legislatura 2015-2019 se desinaron a la lucha contra el fraude fiscal en Navarra.
Dicho importe fue destinado a la contratación por parte del Departamento de Gestión de Deudas (GEDESA) de la empresa pública Tracasa, de siete técnicas destinadas a trabajar en exclusividad para el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral Navarra. En concreto su tarea se centró en la tramitación, gestión y cobro de los denominados expedientes de derivación de responsabilidad.
Los resultados fueron espectaculares. Como muestra indicar que con los Gobiernos de UPN en el periodo 2008-2015 se cobraron por ese concepto 4,6 millones de euros. Mientras que en el periodo 2016-2018 el importe ascendió a 5,5 millones de euros.
Gedesa fue una empresa pública del Gobierno de Navarra, creada en 1982 para el apoyo en la gestión y cobro de deudas, principalmente para el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral. Hasta su desaparición en el año 2012, por la absorción en la empresa pública Tracasa (empresa especializada en las tecnologías de la información y comunicaciones) el importe recaudado por Gedesa suponía el 90% del importe total recaudado por la vía ejecutiva por el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral.
La desaparición por jubilación del consejero de Hacienda, junto a la disolución del grupo parlamentario de Orain Bai, nos llevó a que en la legislatura 2019-2023 la partida presupuestaria para la lucha contra el fraude fiscal volviese a ser de 1.000€ anuales. Cantidad que se repite en los presupuestos para este año 2024.
La consecuencia es que los resultados en la recaudación por la gestión de expedientes de derivación de responsabilidad, de acuerdo a los datos facilitados por el Departamento de Economía y Hacienda, han pasado de los comentados 5,5 millones en el periodo 2016-2018 a 2 millones en el periodo 2019-2022 y la empresa pública Gedesa ha pasado a ser un área de la empresa tecnológica Tracasa.
El gran error de los Gobiernos del cambio, desde el año 2015, a la hora de solucionar problemas, ha sido confiar las direcciones de Servicio de la Administración y las direcciones de Departamento de las Empresas Públicas, a las mismas personas que con los Gobiernos de UPN y desde esas mismas direcciones, crearon esos problemas.
Es imposible que directores que estaban de acuerdo, en relación a la lucha contra el fraude fiscal, con lo comentado por dirigentes de UPN al principio de este artículo, puedan llevar a cabo las acciones necesarias para erradicar esta lacra en la actualidad.
Navarra dedica un 0,3% de su presupuesto al Servicio de Inspección Tributaria, teniendo un ratio de un técnico por cada 10.000 contribuyentes. En los países desarrollados, en cambio, la ratio es de un técnico por cada 800 contribuyentes e incluso estamos muy por debajo de la cifra del Estado, donde hay un inspector por cada 1.600 contribuyentes. Sin duda, esta es una de las causas por las que el 83% del fraude fiscal que se comete queda impune.
Está demostrado que el 75% de las actuaciones de la Hacienda Foral se centra en el control del IRPF de particulares y autónomos, para descubrir una deuda media de poco más de mil euros. Mientras el control del impuesto de sociedades y las actuaciones en la realización de expedientes de derivación de responsabilidad, sigue siendo un auténtico erial. Lo que demuestra la incapacidad de la Hacienda Foral, unida a la nula voluntad política del Gobierno de Navarra, en realizar una lucha verdaderamente efectiva contra el fraude fiscal.
El autor es miembro de la comisión de lucha contra el fraude fiscal
